Preguntas frecuentes

El Consejo Fiscal Autónomo (CFA) es un organismo público, independiente y de carácter técnico, que se creó por ley el 16 de febrero de 2019, reemplazando al antiguo Consejo Fiscal Asesor, y que comenzó a operar en junio de dicho año. Su mandato legal es contribuir al manejo responsable de la política fiscal del Gobierno Central. Entre sus principales funciones, el CFA evalúa la sostenibilidad de las finanzas públicas; monitorea los cálculos de los ingresos estructurales realizados por la Dirección de Presupuestos (Dipres); observa los procedimientos del Gobierno para recabar la opinión de expertos sobre los factores que determinan el nivel de tendencia de los ingresos y gastos fiscales; y propone al Ministerio de Hacienda perfeccionamientos metodológicos para el cálculo del Balance Estructural.

El CFA está integrado por cinco personas especialistas en materias fiscales y presupuestarias: un presidente, un vicepresidente y otros tres consejeros, quienes trabajan con un equipo técnico compuesto por una Gerencia de Estudios, una Secretaría Ejecutiva y una Unidad de Comunicaciones. Los consejeros son designados por el Presidente de la República, previo acuerdo de 2/3 de los miembros del Senado.

A autoridades de gobierno y a parlamentarios, a expertos en materias económicas y a la ciudadanía en general. El objetivo es mejorar los estándares de deliberación y escrutinio sobre la sostenibilidad y la responsabilidad de las finanzas públicas.

Porque el CFA entrega a las autoridades asesoría independiente sobre posibles desviaciones del cumplimiento de las metas fiscales, advierte sobre el surgimiento de riesgos fiscales y evalúa la sostenibilidad de las finanzas públicas a mediano y largo plazo, lo que ha cobrado especial importancia en medio del aumento de la deuda pública impulsado por la crisis de la pandemia de Covid-19.

Actualmente existen más de 30 países que cuentan con Instituciones Fiscales Independientes (IFIs). Algunos de ellos son: Brasil, Colombia, Francia, Alemania, México, Países Bajos, Perú, España, Reino Unido y Estados Unidos.

Las reglas fiscales tienen como objetivo contribuir a la sostenibilidad de las finanzas públicas a largo plazo, promoviendo un manejo responsable de los recursos del fisco. Para lograrlo, se pueden establecer reglas de límites numéricos en indicadores fiscales clave, como el déficit, el gasto, los ingresos y la deuda. En la actualidad, Chile opera con una regla fiscal dual, que incluye la regla de Balance Estructural (BE) implementada desde 2001, y la regla de nivel prudente de deuda, introducida en 2022.  

El Balance Estructural (BE) corresponde a un balance financiero del gobierno central, que busca reflejar su resultado aislado de los aspectos cíclicos que afectan sus ingresos. Este balance resulta de la diferencia entre los ingresos estructurales y los gastos totales durante un año. Los ingresos estructurales equivalen a los ingresos efectivos corregidos por los efectos de las fluctuaciones cíclicas que inciden en ellos, como las variaciones en la actividad económica, el precio del cobre y del litio. 

El nivel prudente de deuda corresponde a un valor para la deuda pública como porcentaje del PIB, que asegura con una alta probabilidad la sostenibilidad de las finanzas públicas en el tiempo.  

Los ahorros fiscales surgen cuando se tienen superávits, es decir, cuando los ingresos son mayores que los gastos del sector público. Parte importante de estos ahorros se administran en los fondos soberanos. Uno de ellos es el Fondo de Reserva de Pensiones (FRP), cuyo fin es contribuir al financiamiento de las obligaciones previsionales del fisco. Otro, es el Fondo de Estabilización Económica y Social (FEES), cuyo objeto es dar estabilidad a las finanzas públicas y la provisión de bienes y servicios públicos a través del tiempo, ante cambios abruptos en el ciclo económico y eventos extraordinarios.