En este documento, el CFA evalúa el grado de acogida por parte del Ministerio de Hacienda a las recomendaciones realizadas para abordar los riesgos para las finanzas públicas identificados durante la tramitación de la reforma previsional, ley que fue aprobada en enero. La reforma implica un aumento significativo del gasto público. Según estimaciones de la Dirección de Presupuestos (Dipres), el efecto fiscal neto de la reforma alcanzaría el equivalente a 1% del PIB en el largo plazo.
De los once riesgos fiscales identificados por el CFA acerca de la reforma, seis fueron acogidos íntegramente mediante indicaciones del Ejecutivo, pero subsisten dos riesgos de alta prioridad no adecuadamente cubiertos que requieren medidas de mitigación, ya sean las propuestas por el Consejo u otras que cumplan con el mismo objetivo.
En primer lugar, no se acogió completamente la recomendación respecto del riesgo asociado a la principal fuente de financiamiento permanente de la reforma de pensiones: la Ley de Cumplimiento Tributario. Este riesgo se explica por la incertidumbre acerca de la recaudación que efectivamente generará dicha ley durante su implementación, la que en escenarios más adversos a los proyectados, podría no ser suficiente para financiar los gastos permanentes de la reforma previsional.
En segundo lugar, no fue acogida la recomendación respecto del riesgo relacionado con la cobertura insuficiente del perímetro de acción de las reglas fiscales. Esto, a raíz de la creación del Fondo Autónomo de Protección Previsional (FAPP), el que queda fuera del Gobierno Central, por lo que no le aplican estas reglas.
