Este informe es parte de la evaluación trimestral del Consejo Fiscal Autónomo (CFA) sobre el Balance Estructural (BE) y la evolución de la deuda bruta en el marco de la regla fiscal dual. Complementa el reciente informe sobre el incumplimiento de la meta de BE de 2024 y la necesidad de medidas de mitigación. En particular, se enfoca en los desafíos fiscales de mediano plazo, destacando que la sostenibilidad de las finanzas públicas exige esfuerzos sustantivos en 2025, pero también en los años siguientes.
El CFA resalta que persiste el estrés fiscal y que se proyecta continúe en el mediano plazo. Este es el resultado de una trayectoria iniciada con la crisis financiera global de 2008, acrecentada por la pandemia de Covid-19 (2020-2021), que no se ha estabilizado. Es así como el gasto público ha superado a los ingresos estructurales en 15 de los últimos 17 años, y ha existido un aumento sostenido de la deuda bruta y neta. En cuanto a la trayectoria fiscal más reciente, en 2022 se redujo significativamente el gasto público en 23%, retirando gran parte de las medidas extraordinarias de la pandemia. Sin embargo, tanto en 2023 como en 2024, años sin crisis, hubo importantes déficits estructurales, de 2,7% y 3,2% del PIB respectivamente, lo que profundiza el desafío de converger, al menos, hacia un balance estructural y estabilizar la deuda.
En este contexto, el CFA considera imprescindible cumplir en 2025 con la meta estructural de -1,1% del PIB, lo cual requiere ajustes adicionales del gasto por al menos 0,5% del PIB. Como el estrés fiscal se proyecta al mediano plazo, el Consejo considera que, adicionalmente, se requiere un plan que genere espacio fiscal permanente. En efecto, la Dipres prevé holguras negativas cada año hasta 2029. En particular, proyecta que los gastos ya comprometidos superan el nivel compatible con las metas supuestas de BE en un promedio de 0,4% del PIB por año.
En cuanto a la deuda bruta, si bien la Dipres proyecta que no superará el nivel prudente de 45% del PIB en el mediano plazo, el CFA advierte riesgos relevantes que deben gestionarse, como nuevos incumplimientos de las metas de BE, el encarecimiento del financiamiento y efectos cambiarios.
